Coordinan seis de las siete bancadas y han desempeñado papeles clave en la Legislatura
La iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista enviar al Congreso de la Unión —y que podría incluir la reducción o eliminación de las diputaciones de representación proporcional, conocidas como plurinominales— abre la puerta a un ejercicio revelador a nivel local: ¿quiénes no estarían hoy en el Congreso de Michoacán si este esquema ya no existiera?
El análisis arroja un dato contundente: seis de los ocho grupos parlamentarios están coordinados por diputadas o diputados plurinominales, varios de ellos actores clave en la toma de decisiones de la LXXVI Legislatura. Su ausencia modificaría de manera profunda el equilibrio político y la operación del Poder Legislativo estatal.
Actualmente, el Congreso de Michoacán se integra por 40 diputaciones: 24 de mayoría relativa (MR) y 16 de representación proporcional (RP). De estas últimas, Morena tiene dos; el PVEM, tres; el PT, dos; el PAN, tres; el PRI, dos; Movimiento Ciudadano, dos; y el PRDM, dos.
Las pluris de la coalición mayoritaria
En Morena, la bancada más numerosa, la eliminación de las pluris implicaría la salida de su coordinadora, la diputada Ma. Fabiola Alanís Sámano, quien además preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano central para la negociación entre fuerzas políticas y la definición de la agenda legislativa.
Alanís ha impulsado iniciativas en materia de derechos de las mujeres, como la propuesta de alternancia obligatoria de género en la gubernatura, que fue rechazada incluso por la dirigencia nacional de su partido y por la propia presidenta Sheinbaum.
También es diputado de RP Juan Pablo Celis Silva, expresidente estatal de Morena y actual titular del Comité de Administración y Control, desde donde se manejan las finanzas del Congreso. Entre sus propuestas destaca la creación de un reglamento de adquisiciones y contrataciones.
El PVEM, aliado estratégico de Morena, perdería a toda su coordinación parlamentaria. La fracción es encabezada por Sandra María Arreola Ruiz, diputada plurinominal y presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, que dictaminó la iniciativa para penalizar las corridas de toros.
También quedarían fuera Juan Antonio Magaña de la Mora, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reconocido por todas las bancadas durante su gestión como presidente de la Mesa Directiva, y Xóchitl Gabriela Ruiz González, quien presidió el complejo proceso de designación del nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ha promovido iniciativas en favor de personas trans y desplazadas por la violencia.
En el PT, aunque la coordinación recae en un diputado de mayoría, dos legisladores plurinominales dejarían su curul: Hugo Ernesto Rangel Vargas, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y Diana Mariel Espinoza Mercado, de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana.
El impacto en la oposición
En la oposición, la desaparición de las pluris sería aún más notoria. El PAN perdería a su coordinadora, Teresita de Jesús Herrera Maldonado, presidenta de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia y principal voz crítica de las políticas federales de Morena. De los cuatro panistas, tres son de RP, incluidos Alfonso Janitzio Chávez Andrade, presidente de la comisión que conoce de juicios políticos, y Ana Vanessa Caratachea Sánchez, una de las diputadas más activas del grupo.
El PRI se quedaría sin representación, pues ambas diputaciones son plurinominales. La fracción es coordinada por Adriana Campos Huirache, exalcaldesa de Jacona, y la integra también Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del partido y uno de los legisladores con mayor proyección mediática, reconocido incluso por sus adversarios.
En Movimiento Ciudadano, tanto la coordinación, a cargo de Grecia Jennifer Aguilar Mercado, como la otra curul corresponden a diputaciones de RP. Aguilar preside la Comisión de Jóvenes y Deporte. En el periodo reciente, el partido ha tenido ajustes internos tras el relevo entre Víctor Manríquez y Antonio Tzilacatzin Carreño.
El PRDM, que estuvo al borde de la disolución por conflictos internos, también vería desaparecer a dos figuras centrales: su coordinadora Brissa Ireri Arroyo Martínez, promotora del parlamento abierto, y el dirigente estatal Octavio Ocampo Córdova, ambos legisladores plurinominales.
Para qué sirven las plurinominales
Las diputaciones de representación proporcional surgieron en México en la década de los sesenta, en un contexto de partido hegemónico, cuando el PRI concentraba hasta el 90 por ciento de los escaños legislativos. El objetivo fue garantizar la presencia de las minorías y evitar mayorías absolutas que legislaran sin contrapesos.
En Michoacán, las 16 diputaciones de RP se asignan mediante una fórmula que combina el desempeño electoral de los partidos con un criterio de compensación para asegurar pluralidad.
El debate del costo y la representación
Uno de los principales argumentos para eliminar o reducir las pluris es su costo. Con un salario mensual de 92 mil 450 pesos por diputado, las 16 curules de RP representan un gasto aproximado de 17.7 millones de pesos al año. La cifra suele compararse con obras públicas de alto impacto en el estado, como distribuidores viales, mercados o bulevares.
Quienes defienden este modelo —principalmente PAN, PRI, PVEM, PT y PRDM— sostienen que suprimirlo abriría la puerta a supermayorías y debilitaría la representación de sectores políticos y sociales minoritarios.
Lo que viene
La iniciativa de reforma electoral aún no ha sido presentada formalmente por la presidenta Sheinbaum. Se ha adelantado que el debate girará en torno a si las diputaciones plurinominales deben eliminarse, reducirse o modificarse en su método de asignación, bajo el argumento de que responden más a acuerdos cupulares que a la voluntad ciudadana.
Al tratarse de una reforma constitucional, cualquier cambio aprobado a nivel federal deberá ser avalado por los congresos locales. De concretarse, el Congreso de Michoacán no sólo vería reducido su tamaño, sino que perdería a buena parte de sus operadores políticos clave, con efectos aún imprevisibles en la gobernabilidad legislativa.
