Bajo la premisa de que la ciudadanía debe evaluar la postura de las fuerzas políticas, la mandataria advirtió: “Quien quiera aprobarla, bien; y quien no, la gente los señalará”.
La propuesta contempla ajustes constitucionales y legales que impactarían tanto al ámbito federal como al local.
Reconfiguración del Congreso
Uno de los cambios más relevantes se centra en la integración de las cámaras legislativas.
Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados mantendrá sus 500 integrantes, pero bajo una nueva modalidad de elección:
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300 diputaciones serán electas por mayoría relativa en distritos electorales.
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200 diputaciones se asignarán bajo el principio de representación proporcional, eliminando las listas cerradas de partido. En su lugar, accederán los 200 candidatos que, sin haber ganado su distrito, hayan obtenido los mejores porcentajes de votación para su fuerza política.
Con este esquema, el Ejecutivo busca —según lo expuesto— fortalecer la legitimidad individual de las candidaturas y reducir el control de las dirigencias partidistas sobre las listas plurinominales.
Senado de la República
El Senado de la República se integrará por 96 senadurías:
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64 por mayoría relativa.
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32 por primera minoría.
Representación migrante
La iniciativa incorpora la elección de ocho diputaciones mediante el voto de mexicanos residentes en el extranjero, bajo un esquema obligatorio de paridad de género, ampliando así la representación política de la diáspora mexicana.
Austeridad y ajuste presupuestario
La reforma propone una reducción del 25% en el costo total de las elecciones.
Reducción operativa
El recorte presupuestal alcanzaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a los tribunales electorales.
Tope salarial
Se plantea ajustar remuneraciones y bonos de consejeros y mandos superiores para cumplir con el Artículo 127 Constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir un salario mayor al de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Ámbito local
En los estados y municipios, la propuesta contempla:
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Reducción del gasto en congresos locales.
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Disminución del número de regidurías municipales, con un límite máximo de 15 integrantes, dependiendo del tamaño poblacional.
Fiscalización y control tecnológico
En materia de transparencia y equidad en la contienda, la iniciativa incorpora nuevas reglas.
Cero efectivo
Quedarían prohibidas las aportaciones en efectivo a campañas. Todos los recursos deberán canalizarse a través del sistema financiero, lo que permitiría al INE realizar una fiscalización más estricta y oportuna.
Inteligencia artificial y bots
La propuesta contempla regular el uso de inteligencia artificial en campañas y prohibir granjas de bots o mecanismos automatizados en redes sociales. El INE tendría facultades para ordenar el retiro inmediato de contenidos o campañas digitales operadas mediante sistemas artificiales.
Eliminación del PREP
Se plantea eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En su lugar, los cómputos distritales iniciarían formalmente al término de la jornada electoral, transitando directamente a resultados oficiales.
No reelección y prohibición de nepotismo
La iniciativa ratifica la prohibición de la reelección consecutiva e inmediata para todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
Asimismo, incorpora una cláusula contra el nepotismo que impediría que cargos públicos de elección sean heredados a cónyuges, hijos o hermanos del titular saliente, con el objetivo de evitar la concentración familiar del poder.
Democracia participativa y voto electrónico
Finalmente, el proyecto contempla ampliar los mecanismos de democracia participativa en los tres niveles de gobierno y autorizar el uso de tecnologías como el voto electrónico para instrumentos de consulta ciudadana.
La iniciativa será turnada al Congreso para su análisis y discusión. Al tratarse de modificaciones constitucionales, requerirá mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales para su eventual entrada en vigor.
